Política
21-05-2019
Agente del caos
La empresa de telefonía Movistar confirmó que el espía ilegal Marcelo D’Alessio se comunicaba con la ministra Patricia Bullrich para pasar información sensible. La Justicia Federal investiga a una red de espionaje que, entre otras tareas, podría haber hecho trabajos de inteligencia contra el gobierno de Santa Fe y el Frente Progresista.
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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

Los eslabones en la cadena de comunicaciones que vinculan a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el falso abogado Marcelo D’Alessio, se acortan; mientras que las pruebas sobre contactos entre ambos y las sospechas sobre el diseño de operaciones de inteligencia y campaña sucia en la provincia de Santa Fe, se fortalecen.


La compañía telefónica Movistar confirmó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que los diálogos vía Whatsapp que mantenía el falso espía efectivamente tenían como destino un celular registrado a nombre de la ministra del macrismo. Eso mismo habían puesto bajo la lupa periodistas de Radio 2 en Rosario, hace un mes, lo que les valió el enojo de Cambiemos y un conflicto dentro de la empresa.


En las últimas horas esas sospechas se validaron mediante un informe técnico y dicha ratificación complica aún más a Patricia Bullrich en la investigación por espionaje ilegal por la que está procesado y detenido D’Alessio. Pero además, abona la hipótesis de la existencia de un complejo entramado para sembrar operaciones y vincular al gobierno del Frente Progresista con el narcotráfico.


Ramos Padilla secuestró los teléfonos de D’Alessio en el marco de la investigación por asociación ilícita y en febrero comenzaron los peritajes. Los investigadores encontraron allí los chats con el contacto agendado como Patricia Bullrich S6. Para confirmar quién era ese usuario, el magistrado le solicitó a la compañía telefónica que informara a nombre de quién estaba esa línea.


La respuesta llegó el 9 de mayo pasado y confirmó que el número de celular estaba asignado a Patricia Bullrich desde el 27 de enero de 2017, incluso hasta la actualidad. Es de recordar que circuló un video del abogado trucho donde informaba –no se sabe a quién, aún– que realizó una cámara oculta a la ex esposa del Pájaro Cantero –el asesinado líder de la banda los Monos– y que de allí se iba a sacar “data”. Vaya a saber con qué finalidad.


Esa misma mujer, Lorena Verdún, fue la que en el verano le pidió a Antonio Bonfatti (sin que él supiera quién era) una foto con ella en el marco de los carnavales en el Parque Scalibrini Ortíz. La imagen, que la tomó una persona que estaba con Verdún, la hizo circular un dirigente del PRO e inmediatamente comenzó una campaña donde se indicaba que Bonfatti estaba con los narcos.


Militantes del perottismo también aprovecharon la ocasión para sumar más capítulos a la novela, pero la inmediata denuncia penal del Frente Progresista y una comunicación partidaria donde se remarcaba la existencia de una campaña sucia desarticuló una operación que se hizo evidente. Esa situación también fue reflejada en los medios de comunicación y otra vez la lupa se posó sobre Cambiemos.


Por lo pronto, en el número de teléfono celular que ahora Movistar confirmó que es de Patricia Bullrich se pueden ver los mensajes que la ministra intercambió con Marcelo D’Alessio. Se hicieron públicos en el expediente que tiene el juez federal de Dolores y específicamente hablan de Rosario. También en la casa del falso abogado encontraron carpetas con “operaciones” en la ciudad.

 

Negadora serial

 

Bullrich no solo había negado haber mantenido conversaciones con el falso abogado, sino que incluso había definido a Marcelo D’Alessio como “una persona que tiene problemas” y está “medio chapita”. Sin embargo, lejos de diluir su peligrosidad y responsabilidad procesal, los avances en la investigación muestran al falso abogado fuertemente activo en las tareas de espionaje.


Vale tan solo recordar que, acompañado por el periodista Rolando Graña, logró llegar al subsuelo del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, donde Ramón Monchi Machuca, líder de la banda narco Los Monos, pasaba el cuarto intermedio en el juicio que se tramitaba en su contra, en ese mismo edificio. Graña es uno de los periodistas de Buenos Aires que más le dedican tiempo a Rosario.


Ese encuentro entre el trabajador de prensa y Monchi se produjo el 26 de diciembre de 2017 y fuentes del caso sostienen que D’Alessio se presentó ante el detenido como “mano derecha” de Bullrich en materia de narcotráfico. Desde el entorno de Machuca explicaron que la habían prometido beneficios procesales a cambio de participar de una cámara oculta contra el Frente Progresista.


Sin embargo, esa no fue la única visita. D’Alessio volvió al Centro de Justicia Penal de Rosario 15 de febrero de 2018 y se entrevistó con Machuca y dos de sus abogados. Precisamente, parte de esa información estaba en la carpeta titulada “Narcotráfico Rosario” encontrada por Padilla durante el allanamiento al departamento de D’Alessio en Buenos Aires.


Allí se detallaba que los trabajos en Santa Fe incluían obtener registros migratorios, de celdas, filmaciones aéreas y fotografías, toda información a la que no debería poder acceder nadie que no fuera un agente o funcionario público. En el medio, Bullrich presentó con bombos y platillos la desarticulación de la red de sicarios que tiroteó distintos edificios en Rosario por orden de “Guille” Cantero.


Esas detenciones, según contó la propia Bullrich, fue el resultado de haber dejado que el mencionado narco usara tres celulares en su celda en la cárcel de Ezeiza. O sea, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación optaron por dejar que esos móviles estén en manos de un delincuente y los usara para planificar atentados contra edificios públicos y operadores judiciales que investigaron a Los Monos.


Al respecto, se investiga si esos ataques a funcionarios judiciales estuvieron digitados desde lugares de poder y con información sensible, mucha más de la que podrían haber accedido por su cuenta Machuca y Ariel “Guille” Cantero. Esa hipótesis hoy es el eje de dos investigaciones, una en el fuero federal y otra en el fuero provincial, por las denuncias que presentaron los ministros Pullaro y Silberstein.

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