Sociedad
05-06-2019
Condena para un religioso abusador

Estaba consagrado hace 27 años, convivía con los internos en el hogar dónde sometía sexualmente a sus víctimas. Uno de ellos logró contar lo que le pasaba y se abrió una investigación que terminó con la prisión del imputado.

 

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

La causa por abuso sexual que tiene en la mira a un religioso que vivía y daba clases de catequesis en el cotolengo Don Orione, en General Lagos, estaba a punto de llegar a juicio oral y público. Pero, tras una negociación entre la fiscalía y la defensa, se llegó a un acuerdo de procedimiento abreviado. El acusado aceptó su responsabilidad en los hechos y consintió un acuerdo por una pena de nueve años y medio. El convenio fue aceptado por el juez Héctor Núñez Cartelle, quién condenó al catequista por los delitos de abuso sexual, tenencia, ofrecimiento y facilitamiento de material pornográfico infantil.

 

En mayo de 2018 el escándalo se hizo público, uno de los jóvenes que vive en el cotolengo Don Orione y sufre una discapacidad logró contar a algunas de las personas que trabajan en el lugar que el catequista Juan A. abusaba sexualmente de él y de otros dos internos que tiene discapacidades más severas y no pueden expresarse. Los tres son mayores de edad y viven en el hogar desde hace varios años.

 

Este religioso estuvo varios años en el hogar a partir del 2008 y luego tuvo otros destinos pero volvía de visita a General Lagos hasta que en 2016 se quedó a vivir en el hogar, donde su tarea consistía en enseñar catequesis a los internos. Pero uno de ellos no quería ir más a las clases con el consagrado de 54 años porque lo tocaba.

 

Así lo hizo saber en una serie de mensajes que mandó a otros trabajadores del lugar con los que tenía confianza, entre ellos una psicóloga. Esta situación fue notificada a la dirección de Don Orione que abrió un sumario canónico donde recabó datos, entre ellos testimonios de las víctimas que a esa altura eran tres. El religioso fue trasladado a Buenos Aires mientras avanzó la investigación interna que terminó en la radicación de una denuncia en la Justicia Penal.

 

Imputación

 

En junio la fiscal Nora Marull lo imputó por abuso sexual simple y gravemente ultrajante agravado por la condición de guardador de Juan A. De las evidencias surgió que el religioso, que hacía 27 años que estaba consagrado, tocaba a estos chicos en distintos lugares, ya sea dentro o fuera del predio cuando los sacaba bajo su cuidado. Uno de los testimonios relató como la víctima gritaba que no quería estar en la habitación del religioso.

 

La jueza Mónica Lamperti aceptó la imputación e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscal y lo dejó detenido preventivamente por 30 días pero una resolución de Cámara Penal revocó la decisión y dispuso un arresto domiciliario en otro predio perteneciente a una comunidad religiosa en la localidad de Roldán y le sumó la colocación de una tobillera electrónica para control.

 

Esta decisión generó la queja de la población por la presencia del consagrado en aquella localidad.


Pero esta circunstancia cambió cuando la fiscal solicitó una nueva audiencia imputativa. El principal testigo, la primera víctima que pudo hablar del tema, declaró en cámara gesell y su testimonio fue contundente.

 

El muchacho había contado en un principio que era sometido a tocamientos al igual que otros dos internos pero durante la declaración en cámara Gesell –si bien la víctima es mayor de edad se hizo de esta manera porque sufre de un retraso madurativo de leve a moderado–, con mucha vergüenza pudo contar con detalles lo que padecía con el religioso. Eran sometidos a abusos de todo tipo en diversos lugares del predio, la habitación del religioso, su auto, la pileta, en un camino lindante, afuera del hogar cuando salían solos con el catequista. No importaba si lloraban o gritaban. El testigo contó como su cuidador le daba alcohol a pesar de tenerlo contraindicado por la medicación que tomaba y le mandaba mensajes de whatsapp de alto voltaje o videos sexuales que luego le obligaba a borrar. También le regalaba cosas para que no contara lo que pasaba.

 

Todas estas circunstancias fueron expuestas en esta segunda imputativa a lo que se sumó el peritaje realizado al celular del religioso dónde se obtuvo material pornográfico infantil. Con este nuevo cuadro de evidencias Juan A. terminó nuevamente preso por disposición de la jueza María Trinidad Chiabrera hasta la audiencia preliminar.

 

Pero a un paso del juicio oral y público el consagrado optó por aceptar su responsabilidad en los hechos y con el asesoramiento de la defensora oficial Nancy Zully prestó su consentimiento para la firma de un acuerdo abreviado. Los delitos que enfrenta tiene una escala penal que va de los 8 a los 20 años por lo que aceptó una condena a 9 años y 6 meses por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda. También tenencia, ofrecimiento y facilitamiento de material pornográfico infantil. El acuerdo fue homologado por el juez Héctor Núñez Cartelle que dictó la sentencia condenatoria.

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