Sociedad
22-12-2014
De entraderas y narcocrímenes

Más allá de los resonantes asesinatos con protagonistas vinculados con el fenómeno narco y la caja recaudatoria policial, el año estuvo marcado por un amesetamiento de la tasa de homicidios en el departamento Rosario y la irrupción de los asaltos a domicilio que pusieron la cuestión de la “inseguridad” como principal preocupación ciudadana.

 

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Alberto Carpintero I Cruz del Sur

 

La consolidación del fenómeno de la narcocriminalidad, con un masivo desembarco federal en auxilio de las fuerzas provinciales, y su derivado de homicidios con contexto y/o protagonistas vinculados con la comercialización de drogas, volvió a acaparar la atención de los medios locales este año, con la seguridad como tema predominante tanto en la agenda pública como en el debate político. Sin embargo, otro eje que corre en forma paralela, el de la clásica “inseguridad” compitió palmo a palmo con la cuestión narco: entraderas, rompepuertas, arrebatadores pusieron la tradicional cuestión del robo sin grandes botines, ahora en muchas ocasiones dentro de la propia vivienda, como una preocupación que la triplicación del número de patrullas efectuada por el Ejecutivo semanas atrás está proyectada a atenuar. Pero este remedio –combinado con el desembarco de Gendarmería– no termina de generar efectos concretos cuando los casos de uniformados vinculados con el delito siguen produciéndose mes a mes. Así, los episodios de violencia institucional, enriquecimiento ilícito, investigaciones irregulares o intervenciones delictivas eclipsan la reforma policial del Ejecutivo. En el medio, el nuevo sistema penal, con graves dificultades de estructura y recursos e inexperiencia de sus funcionarios, pronto deberá rendir cuentas a un año de la dificultosa implementación. Los cruces políticos entre provincia y Nación, que habían mermado sobre fines de 2013, transitaron un camino de armonía que será puesta a prueba en un año electoral como el que se avecina. Las críticas a las políticas de seguridad del gobierno por parte de la oposición, que reclama un mayor control político sobre la policía, fueron constantes y nada hace prever que no se profundicen en 2015.

 

La tasa de homicidios en el departamento Rosario se ubicó en una meseta, con leve declinación, tras el salto experimentado en los tres años anteriores, mientras que en el departamento La Capital se disparó a niveles sin precedentes. En marzo, David Moreira fue linchado en barrio Azcuénaga por una turba luego de que arrebatara la cartera a una mujer; el caso tuvo una tibia investigación que sólo tiene a dos imputados con arresto domiciliario acusados de homicidio en agresión, con pena en expectativa de ejecución condicional. El pasado fin de semana, otro joven que pretendió robar una panadería terminó asesinado a golpes, al parecer por los empleados de ese comercio.

 

Narcocrímenes

 

Los homicidios vinculados con la cuestión narco tuvieron sobreexposición en los medios: cuando expiraba 2013, el doble crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en el acceso sur destapó una biografía profusa en millones invertidos en bienes muebles e inmuebles. El caso por el homicidio hasta ahora no tiene imputados, aunque en ese expediente resuenan los mismos nombres que se mencionaron en el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti (causa ésta en la que la jueza Alejandra Rodenas procesó a dos personas, entre ellos un policía). Mayor repercusión mediática tuvo un caso conexo, el de la supuesta manipulación sin autorización judicial por parte de funcionarios políticos de la computadora secuestrada en el hotel de Medina tras el doble asesinato.

 

Dos días después del crimen de Medina, horas antes de año nuevo, el crimen de un hermano de Luis “Pollo” Bassi, procesado por el homicidio del líder de los Monos Claudio “Pájaro” Cantero, abrió una saga de ejecuciones ligada a ese clan villagalvense que siguió con otro hermano y el padre del encausado, Luis Ángel Bassi. Las sospechas recayeron sobre los Monos aunque hasta ahora sólo hay un joven imputado con arresto domiciliario por el crimen del jefe de familia. El Pollo Bassi se había hecho conocido como barrabrava de Newell’s, pero alcanzó notoriedad pública al ser denunciado por Norma Acosta como instigador de la muerte de su marido, Miguel “Japo” Saboldi, el año pasado durante un incendio en la Alcaidía. Saboldi era hijastro de Arturo “Carao” Quevedo, narco también ultimado. Norma Acosta fue condenada en un controvertido juicio por narcotráfico por integrar la banda de este último y espera la decisión de Casación. El viernes pasado, el padre de Norma, Aldo Acosta, ajeno a estas historias ligadas al delito, fue ultimado de seis disparos en Villa Gobernador Gálvez, mientras que su hijo de 14 años fue internado grave. Norma Acosta acusó al Pollo Bassi por el crimen de su padre. Pero también lo ligó con otros dos recientes homicidios: los de Norma Bustos y Miguel Damario.

 

Norma Bustos era madre de Lucas Espina, un pibe de barrio Tablada asesinado en febrero del año pasado. Bustos buscó testigos que sirvieron para procesar por el crimen de su hijo a Milton Damario, un vecino a quien este año condenaron por comercialización de drogas y tenencia de armas. Milton también está procesado junto con Bassi por el crimen de Cantero y muchos miraron hacia él cuando Bustos fue asesinada, a fines del mes pasado, mientras atendía su quiosco. Tres semanas más tarde, el padre de Milton, Miguel Ángel Damario, fue ultimado de dos tiros en el mismo barrio. De nuevo las miradas se posaron sobre los Monos, aunque hay otras pistas sobre quién pudo haber encargado el homicidio. Estos tres casos, Acosta, Bustos y Damario, parecen marcar una ruptura de códigos en el mundo del hampa rosarino, en el cual no cualquier muerte brinda cartel entre pares para quien la ordena o la ejecuta.

 

Monadas y federales

 

La megacausa Monos fue otro de los puntos de debate sobre el fenómeno narco. El juez Juan Carlos Vienna procesó en febrero a 36 personas por asociación ilícita (trece de ellos integrantes de fuerzas de seguridad) y pudo retener la causa luego de que el fiscal de Casación nacional decidiera no sostener lo que sus subordinados habían reclamado: que pasara al fuero federal por ser el narcotráfico la principal actividad de los procesados. La revelación de sus vínculos con Luis Paz, padre de Martín “Fantasma” Paz (cuñado del Pájaro Cantero y cuyo asesinato en septiembre de 2012 dio origen a este expediente), provocó pedidos de recusación de las defensas. La Corte Suprema abrió una investigación por estas irregularidades cuyos resultados se desconocen. La oposición criticó al gobierno y a la Justicia por sostener en su cargo al magistrado, a quien los primeros cuestionamientos le habían llegado por los efectivos policiales que eligió para comandar la investigación: la División Judiciales de la Policía local, que cayó en desgracia tras una serie de desaguisados.

 

El descabezamiento de Judiciales se produjo el mismo día, el 9 de abril, en que dos mil gendarmes encabezados por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, desembarcaban para desbaratar 89 búnkers y quedarse en la ciudad. El armisticio entre Nación y provincia permitió que con el refuerzo de las fuerzas federales la “sensación de seguridad” aumentara en muchos de los barrios de la periferia, aunque luego se amontonaron denuncias por abuso de autoridad y requisas vejatorias. El mercado narco, desde entonces, pareció reacomodarse: los búnkers tendieron a desaparecer y proliferó la modalidad delivery.

 

Corrupción azul

 

La corrupción policial es otro tema que continuó en agenda: las causas por enriquecimiento ilícito de oficiales superiores se movieron, pero han mostrado pocos resultados concretos. Sólo el procesamiento del comisario Hugo Giuliano (ex jefe de Unidades Especiales en Rosario) una década después del inicio del expediente aparece como un avance, aunque están previstas indagatorias para recientes jefes provinciales como Ricardo Cáceres, Daniel Toledo y Cristian Sola.

 

Otro ex titular de la Policía provincial, Hugo Tognoli, espera preso dos juicios por connivencia con narcos. El año termina con otro escándalo: el pedido de un fiscal federal de que se indague a doce uniformados por el caso de un camión con 1.600 kilos de marihuana “hallado” en Arroyo Leyes a principios de noviembre, entre ellos los tres principales jefes de la Unidad Regional I. Los vínculos entre policías y narcos quedaron al descubierto en el reciente juicio por el crimen de Villa Moreno, que terminó con duras condenas para los cuatro imputados.


Todos estos chanchullos se suman a crecientes episodios de muertes por balas policiales y otros casos de violencia institucional, entre ellos la sospecha de que el joven bonaerense Franco Casco, quien estuvo preso en la seccional 7ª de Rosario, pudo haber sido asesinado en la propia comisaría y su cuerpo tirado al río Paraná, donde fue hallado. Para hoy está prevista la implementación de otra de las etapas de la reforma policial, la división de las jefaturas en los cinco nodos, dejando atrás las regionales por departamentos. Se suma a la creación de reparticiones como la Policía Comunitaria, la Policía de Acción Táctica y la Policía de Investigaciones, un reordenamiento que pretende mayor control sobre la fuerza, que desde mediados de octubre tiene nuevo jefe indirecto: el ex gendarme Gerardo Chaumont asumió como secretario de Seguridad Pública y le dio algo de oxígeno al gobierno.

 

 

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