Miércoles 22 de Febrero de 2012
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Una década reclamando justicia
Gastón Giro – Edición impresa

Diez años pasaron ya desde el diciembre trágico de 2001 y muy poco ha sido lo que avanzado la Justicia respecto de la investigación en torno de las 38 muertes que, según la Comisión Investigadora No Gubernamental (el número de víctimas fatales puede diferir entre 32 y 39 de acuerdo con la fuente consultada), causaron la represión y las violentas jornadas del 19 y 20. En la provincia de Santa Fe fueron 9 los muertos: siete de ellos en manos de fuerzas de seguridad, una mujer que sufrió una descompensación mientras escapaba de la represión y un niño santafesino que fue asesinado por un supermercadista.

El caso más emblemático de diciembre trágico en la provincia de Santa Fe es el Claudio “Pocho” Lepratti. El 19 de diciembre Pocho, de 35 años, estaba trabajando en el comedor de la Escuela Nº 756 José Serrano del barrio Las Flores cuando llegó hasta allí un móvil del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco. Dentro de él venía Esteban Velásquez, quien fue condenado en agosto de 2004 a 14 años de prisión por el asesinato de Lepratti, quien según los testigos, ante la actitud de la Policía, salió a los gritos pidiendo a los uniformados que dejaran de disparar porque sólo había allí “pibes comiendo”. Las balas le traspasaron el cuello. Velásquez, quien en su declaración dijo que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o plomo, actualmente goza de libertad condicional.

También fue condenado, aunque a 11 años de prisión, al suboficial Luis Armando Quiroz, por ser el autor material del disparo que el 19 de diciembre terminó con la vida de Graciela Acosta, militante de derechos humanos, quien según el relato de una amiga que la acompañaba en ese momento estaba buscando a sus hijos cuando recibió dos disparos que partieron desde el arma de Quiroz. Gustavo Martínez, de ATE e Integrante de la Comisión Permanente de Familiares de las Víctimas, señaló que es inminente la liberación del ex uniformado.

Ángel Omar Iglesias, francotirador de las TOE, fue sometido a un proceso por haber disparado a la cabeza de Walter Campos, de 17 años, quien esperaba una caja de alimentos frente a un supermercado y fue abatido. Sin embargo, Iglesias fue sobreseído porque la Justicia determinó que disparó en legítima defensa.

Por el encubrimiento del asesinato de Lepratti también fueron juzgados 5 agentes, quienes habían sido declarados culpables pero en abril pasado fueron absueltos por la sala II de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales rosarinos. Ellos son Marcelo Fabián Arrúa y Rubén Darío Pérez, chofer y acompañante respectivamente del móvil que llevaba a Esteban Velásquez; el por ese entonces jefe de la subcomisaría 20ª, Roberto de la Torre; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco Daniel Horacio Braza y el ex oficial de guardia de la sub 20ª Carlos Alberto de Souza. Todos ellos están en libertad.

En el resto de los casos no hubo avances judiciales. Las otras víctimas que hubo en Rosario son Juan Delgado, de 28 años, quien fue asesinado el 19 cuando reclamaba alimentos frente a un supermercado; Rubén Pereyera, de 20, quien fue baleado cuando volvía a su casilla con una caja que le habían dado en un supermercado; Yanina García, de 20, quien recibió un disparo en el abdomen cuando salió a buscar a su hija a la vereda en medio de disparos, y Ricardo Villalba, de 16, quien en medio de una manifestación frente a una estación de servicio recibió un disparo en un ojo y falleció el 23 de diciembre. 

En Villa Gobernador Gálvez el 19 de diciembre Graciela Machado, de 35 años, murió de un paro cardiorrespiratorio cuando intentaba proteger a sus hijos de las balas de goma y gases lacrimógenos que reprimieron el saqueo a un supermercado. Y en Santa Fe, Marcelo Pacini fue asesinado por un supermercadista que lo ultimó de varios disparos en el cuello.

Santa Fe tiene el triste récord de ser la segunda provincia con más número de muertos durante la represión de 2001. A las víctimas santafesinas hay que sumarles otras 29 del resto del país: Damián Vicente Ramírez (34 años, Buenos Aires), Ariel Salas (30, Buenos Aires), Pablo Guías (23, Buenos Aires), Roberto Gramajo (19, Buenos Aires), Carlos Manuel Spinelli (25, Buenos Aires), Víctor Enríquez (21, Buenos Aires), Eduardo Legembre (20, Buenos Aires), Diego Ávila (24, Buenos Aires), Julio Flores (15, Buenos Aires), Mariela Rosales (28, Buenos Aires), Daniel Mataza (23, Buenos Aires), Cristian Gómez (25, Buenos Aires), Maximiliano Tasca (25, Buenos Aires), José Vega (19, Buenos Aires) Carlos Almirón (23, Caba), Gastón Riva (31, Caba), Diego Lamagna (17, Caba), Jorge Cárdenas (52, Caba), Alberto Márquez (57, Caba), Gustavo Benedetto (23, Caba), Rubén Aredes (30, Caba), Romina Iturrain (15, Entre Ríos), Eloísa Paniagua (13, Entre Ríos), José Rodríguez (25, Entre Ríos), Elvira Abaca (42, Río Negro), Ramón Arapi (23, Corrientes), David Moreno (13, Córdoba), Sergio Pedernera (16, Córdoba) y Luis Fernández (27, Tucumán).

En marzo de 2007 un tribunal oral de La Matanza condenó al comerciante Luis Mazzi y a su custodio, Bernardo Joulie, a 15 y seis años, respectivamente, por los asesinatos de Damián Ramírez y de Ariel Salas. El cabo Silvio Martínez fue condenado a diez años de prisión por el asesinato de Eloísa Paniagua. Y Miguel Lentini fue condenado en octubre de 2010 a diez años y ocho meses de prisión por el caso Legembre, aunque está libre porque la condena no está firme. El resto de las causas están paradas y muchas de ellas a punto de prescribir.

Entre el 8 y 10 de diciembre se realizó en Rosario el Primer Encuentro Nacional de Víctimas de Diciembre de 2001. Allí se constató que lo que sucede en Santa Fe se repite en todo el país: las causas judiciales que avanzan son escasas. Y el reclamo común fue por el juzgamiento de los responsables políticos de la represión, pues en los pocos casos en que hay condenados, éstos son los autores materiales. Este lunes la Comisión Investigadora No Gubernamental reclamó al gobernador Antonio Bonfatti iniciar “una investigación administrativa para los funcionarios políticos a cargo de la seguridad (durante diciembre de 2001) para posteriormente aportar pruebas a la Justicia”. Además, a través de un comunicado, criticó la “la falta de compromiso” del ex gobernador Hermes Binner en lo que consideran que “favoreció a que quien fuera el gobernador de la provincia Carlos Reutemann, los funcionarios políticos a cargo de la seguridad como Enrique Álvarez y a otros funcionarios policiales que fueron responsables de las muertes”. 

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